Para combatir la coacción del voto
. 5 junio, 2018

“Es derecho de todo ciudadano votar en elecciones populares” –Art. 35 Constitucional

Querida lectora, querido lector, en pleno periodo de campañas electorales te propongo dos medidas concretas para reducir la coacción y compra de votos en México y, por supuesto, en Yucatán. Lo hago con el afán de empezar a identificar los problemas estructurales que debemos corregir a partir del 1 de septiembre, cuando se inaugure la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. En la medida en que actuemos con tiempo y mesura, tendremos más oportunidades para deliberar y contrastar puntos de vista, así como para redactar mejores reformas.

Primero, la principal distorsión política del financiamiento ilegal de las campañas electorales es que muchos candidatos llegan al poder con compromisos corruptos que tienen que pagar una vez que entran en funciones. Los topes de gastos de campaña legales, en la práctica, son solo el piso mínimo a partir del cual se financia a cada candidato. Los malos, los narcotraficantes y los empresarios bisneros invierten en las campañas a cambio de protección o contratos futuros, porque saben que no tendrán ningún castigo. Hoy tenemos, así, un auténtico régimen de corrupción impulsado por dinero electoral sucio: lo primero que tenemos que hacer es reconocer este mercado de apoyos ilegales. Para limpiar las campañas electorales, hay que dotar de mejores herramientas, más recursos y facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; esto nos permitiría reducir la impunidad y cambiar los incentivos perversos de nuestros comicios.

Asimismo, hay que realizar las siguientes acciones complementarias: aplicar, con claridad y consistencia, sanciones congruentes con el tipo de delito cometido (gane o no gane un candidato), entre ellas, la pérdida de registro de partidos políticos, la anulación de victorias de candidatos y la inhabilitación de políticos y funcionarios; reducir los periodos de campañas electorales en todos los niveles —esto permitirá fiscalizar más eficientemente los comicios y darle menos margen de maniobra a la corrupción—; reducir la publicidad de los partidos políticos y aumentar, en su lugar, el número de debates entre los candidatos; y prohibir la publicidad oficial, salvo la destinada a emergencias y campañas de salubridad, educación y cultura.

La segunda propuesta para atajar la compra y coacción del voto con mayor eficacia es crear un padrón universal de los beneficiarios de programas sociales, que será más fácil de gestionar una vez creada la Cédula Única de Identificación. Actualmente buena parte de mexicanos que sí necesitan estos apoyos no los reciben porque existen beneficiarios que reciben apoyos de más de un programa, cuando los recursos no nos sobran, o porque existen intermediarios que reparten los apoyos con fines partidistas y electorales, afectando a quienes en verdad los necesitan. Necesitamos mejores criterios, que sean objetivos, específicos y verificables, y que vayan más allá de la buena voluntad del intermediario que maneja el programa social. Asimismo, necesitamos cerrar los programas sociales que no tienen un impacto comprobado y que solo sirven fines electorales, canalizando esos recursos a los programas que sí se pueden evaluar y que sí han dado resultados, buscando reducir al máximo el clientelismo y el gasto ineficiente.

Recordemos que la política social no ha producido los resultados esperados. Nuestros programas sociales, algunos de talla mundial como Prospera (antes Oportunidades) y otros con serios problemas de implementación, no han sido suficientes para combatir la pobreza. No podemos vivir en un país donde diariamente millones de personas no saben si podrán comer o no, ni donde los políticos suelen lucrar con la pobreza y la necesidad de la gente. Yucatán es un bastión de civismo en México. La mesa está puesta para poner el ejemplo.

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En menos de 280 caracteres: En México, el 40% de quienes hablan alguna lengua indígena viven en pobreza extrema. Mientras que dicho porcentaje entre quienes no hablan lengua indígena es menor al 10%.

Artículo publicado en el Diario de Yucatán, el 5 de junio de 2018.