Fiscal Anticorrupción con legitimidad

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo” –Abraham Lincoln

Quizá muchos no recuerden, pero el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía está en implementación. Estamos en uno de esos momentos críticos en los que se define el rumbo que tomará el que esperamos que sea nuestro “tanque de guerra” en el combate a la corrupción en México. Hemos llegado a la etapa de los nombramientos, y uno básico será el del Fiscal Anticorrupción, mismo que solo será legítimo si cuenta con la indispensable participación ciudadana.

El procedimiento estipulado para nombrar al Fiscal es que el Senado sea quien lo defina, en aras de alejarlo de las presiones políticas del Ejecutivo. Parece una buena idea. Sin embargo, no suena remoto pensar que el procedimiento está ante el riesgo de carecer de los contrapesos necesarios que garanticen resultados deseables para la ciudadanía.

Dicho y hecho. En un acuerdo publicado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado 25 de octubre, los mismos miembros de la Junta se auto eligieron para nombrar al Fiscal Anticorrupción. Primero, la Jucopo recibe los documentos requeridos a todos los aspirantes a Fiscal, entre los que se encuentra su curriculum vitae y un ensayo de máximo 10 cuartillas donde explicita su proyecto. Acto seguido, la Jucopo remite los documentos a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Justicia, quienes piden la opinión a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA para determinar la idoneidad de los candidatos. Las comisiones regresan el listado a la Jucopo, quien elige a un sólo aspirante y lo somete a la aprobación de dos terceras partes de los presentes en el Senado.

Hay varios problemas dentro de este procedimiento. Primero, que la fecha límite que se autoimpusieron para presentar la lista de candidatos ante la Jucopo fue el pasado 29 de noviembre y no la respetaron. En segundo lugar, que el proceso deliberativo para definir al Fiscal es mínimo y carece de los principios más básicos de transparencia y rendición de cuentas. Con criterios de selección tan vagos como los que establece la convocatoria (básicamente, solo se tiene que ser abogado, mayor de 30 años y acreditar conocimientos en transparencia y rendición de cuentas), difícilmente el nombramiento se daría de manera no discrecional.

Así también, hay una clara ausencia de la sociedad civil en el procedimiento y la Jucopo intentó cubrirla al pedirle a la Comisión de Selección su opinión en la fase de revisión de los perfiles de los 32 aspirantes ante las comisiones del Senado. Sin embargo, el Comité se negó a externar su opinión, puesto que hubiera significado extralimitar sus atribuciones legales.

Afortunadamente hay buenas noticias: el Senado acordó posponer el nombramiento al próximo periodo de sesiones, lo que significa que el acuerdo publicado por la Jucopo está prácticamente muerto por no haber respetado los tiempos ni los procedimientos ahí impuestos. Esto implica que se puede iniciar un nuevo procedimiento, con mayor participación e injerencia ciudadana, que le otorgue legitimidad a la Fiscalía.

En concordancia con propuestas anteriores de la sociedad civil, se proponen dos cosas. Primero, debe de haber máxima transparencia y publicidad en el nuevo proceso. La ciudadanía debe tener la posibilidad de participar enviando preguntas y conociendo, a la brevedad, los CVs y ensayos que los 32 aspirantes a Fiscal presentaron. En segundo lugar, que se convoque a un Consejo Técnico, conformado por ciudadanos propuestos por universidades y organizaciones de la sociedad civil, que hagan una evaluación objetiva y transparente de cada uno de los 32 perfiles, y que participen en el proceso de designación del mismo. Esto último debería resultar en la selección de una terna que se someta a votación en el Pleno, lo que sin duda le dará mayor legitimidad al funcionario o funcionaria elegido.

Estamos ante la posibilidad de hacer historia. La Fiscalía Anticorrupción que emana de estos acuerdos políticos puede ser la punta de lanza en una campaña frontal de combate a la corrupción, o puede ser una enorme oportunidad desperdiciada. Además, un proceso limpio sentaría un precedente en la forma en que se hacen las designaciones en el Senado, rumbo a la gran discusión sobre la Fiscalía General de la República.

Que las fiestas decembrinas no nos desvíen de lo importante. Con ciudanía o sin ciudadanía, esta institución puede surgir; pero solo la legitimidad ciudadana podrá definir su utilidad pública.

Artículo publicado en Reforma, el 6 de noviembre de 2016.


 

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