Juzgados de paz
. 27 febrero, 2018

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad” –Simón Bolívar

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, nos preparamos para decidir el rumbo de nuestro estado en materias tan importantes como desarrollo económico, empleos, salarios y corrupción. No obstante —y aunque Yucatán destaque por su bajísima incidencia delictiva—, quizá no exista asunto más importante que la seguridad. La razón es sencilla: sin seguridad no hay paz social y sin paz social se pone en riesgo el crecimiento económico, dificultando aún más el combate a la pobreza y la reducción de las brechas sociales.

La buena noticia es que estamos a tiempo de implementar una política de prevención de violencia que nos permita reducir la probabilidad de que el crimen organizado eche raíces en nuestro estado. Dado que nuestras autoridades no tienen que concentrar recursos económicos y humanos en investigar homicidios y prevenir balaceras, tenemos amplio margen de maniobra para concentrarnos en las causas de la violencia: desempleo, deserción escolar, pobreza, desigualdad. No sólo eso, estamos en una posición envidiable para aprovechar instituciones que en un contexto de violencia extrema quedarían completamente rebasadas. Me refiero a los Juzgados de Paz.

En cada uno de los 106 municipios de Yucatán existen Juzgados de Paz que tienen como objetivo resolver conflictos a través de la vía conciliatoria mediante un procedimiento rápido, gratuito y basado en la legalidad. Entre las principales características de este sistema de derecho consuetudinario destacan que 1) el juez de paz tiene contacto directo con las partes para resolver sus conflictos e intereses, 2) los procedimientos se tramitan en el acto o con una duración menor a los procesos llevados en el fuero ordinario, 3) se adecúa el lenguaje a la comunidad o localidad en donde existen y 4) tienen una enorme cercanía geográfica y cultural con los ciudadanos que acuden a ellos.

Los Juzgados de Paz resuelven aquellos asuntos civiles cuya cuantía no excede los 20 mil pesos en municipios de hasta cinco mil habitantes y los 45 mil pesos en municipios con más de cinco mil habitantes, lo que implica que son responsables de resolver el grueso de los asuntos que se presentan en los municipios siempre y cuando están establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Familiares, el Código de Comercio y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, los Juzgados de Paz son los encargados de ver los asuntos relacionados con los precursores de la violencia: riñas, amenazas, vandalismo, abigeato, disturbios en la vía pública, robo hormiga.

Otra particularidad de los Juzgados de Paz es que también son los encargados de resolver los casos que escalan sólo a amenazas, consideradas por los yucatecos una conducta lo suficientemente grave como para dejar constancia de ella ante una autoridad, no necesariamente el ministerio público. De hecho, de acuerdo con la ENVIPE 2016, las amenazas son el delito más frecuente en nuestro estado. Precisamente esta particularidad de la relación de un sector de la población entre sí y con respecto a la autoridad, en sentido de que un sector percibe a esta última como un mediador válido y legítimo, debe reforzarse. La figura del juez de paz como mecanismo para prevenir la violencia a través de la mediación y la justicia restaurativa en disputas vecinales o infracciones menores es un enfoque innovador para el resto del país y podría ampliar su ámbito de acción para facilitar el acceso de la población a la justicia.

La figura del juez de paz también cobra relevancia en la prevención de la violencia y los delitos resultado de disputas entre vecinos o parientes, así como la reincidencia de delitos menores que se pueden prevenir si se interviene a tiempo por este medio de justicia alternativa enfocada a la atención de problemas específicos y sus causas. En Yucatán, los jueces de paz pueden convertirse en pieza clave para la reinserción social, vinculando a quienes cometen infracciones o delitos menores con servicios públicos u organizaciones sociales enfocadas a atender los factores que favorecen las conductas delictivas o violentas y de los cuales esta población no es beneficiaria.

Aprovechemos a esta importante figura de impartición de justicia en el ámbito local para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social de nuestro estado. ¡Podemos estar mejor y los Juzgados de Paz pueden jugar un papel fundamental para lograrlo!

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En menos de 280 caracteres: Según la ENVIPE 2016, las amenazas verbales son el delito más frecuente en el área metropolitana de Mérida, seguidas por la extorsión y las lesiones. El caudal de denuncias por amenazas es una buena noticia para prevenir la violencia Yucatán.

Artículo publicado en el Diario de Yucatán, el 27 de febrero de 2018.