Odebrecht: la profesionalización del soborno (Parte I)
. 27 febrero, 2017

“Veo a la corrupción como el enemigo mortal de las democracias jóvenes”

– Tsajiagiin Elbegdorzh, presidente de Mongolia

En marzo del año pasado, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años de cárcel por haber pagado más de $30 MDD de dólares en sobornos a Petrobras, a cambio de contratos e influencia dentro del gobierno brasileño. Desde entonces han pasado múltiples situaciones, la última y más escandalosa fue la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que resultó que funcionarios de Odebrecht admitieron haber pagado aproximadamente $788 MDD en sobornos en 12 países de América Latina y África.

Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y también México, están involucrados en una red de corrupción internacional que revela que el fenómeno no se queda en las fronteras de un país. Odebrecht diseñó un “modelo de negocios” de corrupción altamente profesionalizado y funcional, que le permitió lucrar con gobiernos latinoamericanos a través de sobornos que se iban directamente al financiamiento de partidos políticos y al bolsillo de los “representantes” populares.

Este fenómeno es preocupante porque revela fallas dentro de las democracias latinoamericanas que todavía no se han logrado corregir. Primero, porque se trata de un tipo de corrupción innata a la lógica político-electoral. Al ser sobornos que suelen ir directamente al financiamiento de campañas electorales, cada partido se enfrenta ante el dilema de tomar o no el “pago extra oficial”, bajo el riesgo de que el partido competidor sí lo acepte y termine ganando la elección gracias al financiamiento ilegal que el primer partido no quiso tomar.

Segundo, son actos de corrupción de magnitudes tan grandes que a corporaciones como Odebrecht les alcanza para financiar a más de un partido político a la vez, ocasionando acuerdos de impunidad tácitos entre actores que idealmente deberían de ser contrapesos entre sí. Tal es el caso de Colombia, donde, de acuerdo a la Fiscalía de Colombia y a un publicista brasileño llamado Duda Mendoça, Odebrecht financió las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, pese a ser candidatos rivales en las elecciones presidenciales de Colombia en 2014.

México no es la excepción y quizá esté en peores condiciones para combatir este problema que sus contrapartes latinoamericanas. De acuerdo a una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde 2010 PEMEX y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tenían conocimiento de un conjunto de anomalías entre Obredecht y el mismo PEMEX, sin embargo éstas no fueron suficiente razón para cancelar cuatro contratos de asignación directa por más de $1,500 MDD con la constructora brasileña durante el actual sexenio.

Hasta ahora, el Gobierno Federal se ha comprometido a investigar el caso a través de la SFP y la PGR. Pero la amenaza de castigo por parte de estas instituciones se antoja improbable debido a que los titulares de ambos órganos pertenecen al mismo partido que ha estado en el poder mientras se mantuvieron los actos de corrupción entre PEMEX y Odebrecht.

Algo huele muy mal si los escándalos de corrupción de una empresa transnacional no conocen fronteras. Si bien no es la primera vez que se dan a conocer casos de constructoras involucradas con el poder político, pocas veces se había visto de manera tan clara un modelo de negocios basado en la profesionalización del soborno en sistemas de representación política a nivel internacional.

Quizá pudiera parecer que el problema de raíz es que existan empresas como Odebrecht, que explotan la corrupción de los políticos en países latinoamericanos para hacer sus negocios. Sin embargo, el verdadero enemigo son las varias perversiones de nuestros sistemas electorales, que permiten que pillos como Odebrecht y nuestros “representantes” simulen elecciones supuestamente libres donde lo que realmente termina ganando es el dinero ilegal.

Los (d)efectos de estas perversiones son evidentes: en lugar de gobiernos comprometidos con el bien común, se adolece con políticos que llegan a reproducir las mismas redes de corrupción e impunidad que los llevaron al poder y que los enajenan del voto de sus electores. En esos casos, poco puede hacer el sistema político para cambiar si no existe una ciudadanía activa y propositiva que pueda dar un giro de 180 grados que rectifique el camino.

En mi siguiente entrega, escribiré sobre las alternativas que tiene la ciudadanía para hacerle frente a este problema.

Artículo publicado en Reforma, el 28 de febrero de 2017.