Odebrecht: los costos de nuestra democracia (parte II)
. 13 marzo, 2017

“Lo barato sale caro” —Viejo refrán popular

El pasado martes 28 de febrero publiqué una columna sobre Odebrecht que contaba la historia de cómo la empresa brasileña había diseñado esquemas de soborno que funcionaron en 12 países de América Latina y África, a través del financiamiento ilegal de campañas. Pocas veces se había visto un “modelo de negocios” basado en la debilidad de los sistemas electorales latinoamericanos tan profesionalizado.

Sin embargo, como escribí en la entrega anterior, el verdadero enemigo no son las empresas como Odebrecht, sino las perversiones de los sistemas electorales que distorsionan la función de las elecciones e incitan a que quien determine el resultado sea el dinero ilegal. ¿De qué perversiones hablo? De falta de contrapesos institucionales, de la carencia del Estado de derecho, pero sobre todo de las prácticas electorales corruptas que explotan la pobreza y la desigualdad en los países latinoamericanos.

Empecemos por el financiamiento legal. En países desiguales, la elección entre el financiamiento público o privado de los partidos políticos se vuelve un dilema. Si se opta únicamente por el financiamiento privado, el enorme riesgo que se corre es que en la elección solo haya un partido beneficiado por corporaciones o actores privados y el proceso resulte inequitativo para el resto. Por otro lado, si se opta únicamente por el financiamiento público, el enorme riesgo es que la relación de correspondencia entre los electores y los partidos se diluya y se genere un sistema de partidos sumamente rígido y aislado de la gente.

Un buen ejemplo del primer caso, cuando el financiamiento público es negado, al menos legalmente, es Venezuela; el artículo 67 de la Constitución Bolivariana de Venezuela lo prohíbe expresamente. Sin embargo, eso no impide que haya recursos del Estado que estén siendo utilizados ilegalmente para financiar las campañas del partido oficialista. No son pocos los actores ni las denuncias que aseguran que se ha hecho uso sistemático de recursos estatales para privilegiar la campaña del PSUV.

El ejemplo contrario, de cuando el financiamiento es casi enteramente público, es México. Aunque la Constitución prevé una fórmula de financiamiento mixto, el financiamiento privado que reportan oficialmente los partidos es mínimo. Por poner un ejemplo, en 2014 el promedio de financiamiento público del PAN, PRI y PRD fue de 92 por ciento. Para 2017, con Morena como nuevo jugador, los partidos recibirán poco más de 4 mil millones de pesos y su nivel de descrédito es enorme.

Lo cierto es que, bajo un esquema u otro, el financiamiento ilegal dentro de estos países no ha dejado de fluir y eso es porque todos tienen condiciones estructurales que los hace proclives a que germine y se reproduzca este tipo de corrupción. Ya sea con dinero ilegal público o privado, las empresas bisneras como Odebrecht, el mismo crimen organizado y los políticos y funcionarios públicos corruptos saben muy bien que el tope de gastos de campaña es meramente anecdótico y que en países con tanta pobreza es fácil la explotación de la misma a cambio de votos.

Se han optado por numerosas medidas para subsanar este problema. En Chile se legislaron reglas de financiamiento de partidos sumamente restrictivas, como la prohibición de publicidad al aire libre, así como a las donaciones corporativas y una severa regulación a las donaciones individuales. Sin embargo, si el interés es impedir que el dinero ilegal sea el que determine nuestra política, se tiene que empezar por un hecho irrefutable: la democracia cuesta, alguien tiene que pagar la cuenta y si no la pagamos nosotros, la terminará pagando la corrupción.

Para enmendar estos problemas no hay respuestas rápidas. Probablemente en México sea mejor buscar mecanismos que aumenten la responsividad del financiamiento público con los electores e incentiven el financiamiento privado. Para satisfacer el primer objetivo, están medidas como #SinVotoNoHayDinero, iniciativa impulsada por la organización Wikipolítica y Pedro Kumamoto, en donde se busca vincular los votos emitidos con el presupuesto que reciben los partidos. Para el segundo objetivo, habría que pensar en restricciones a la publicidad oficial y en incentivos fiscales para aumentar las aportaciones individuales. La transparencia es y será clave.

Es en estas ocasiones que vale más dejar de taparle el ojo al macho y hablar con franqueza. A nadie le gusta financiar políticos, pero si no lo hacemos el costo que seguiremos pagando es nuestra incapacidad para tomar decisiones que nos atañen. Es decir, nuestra capacidad de hacer política por y para nosotros.

Artículo publicado en Reforma, el 14 de marzo de 2017.