Reducir la pobreza
. 8 mayo, 2018

“Si una sociedad no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”—JFK

La pobreza es un problema histórico en Yucatán. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) correspondientes a 2016, en nuestro estado viven 959 mil personas en pobreza y 132 mil en pobreza extrema, que en conjunto equivalente al 48% de la población. Si bien en términos relativos estas cifras nos colocan muy cerca de la media nacional, en términos absolutos me parece inaceptable que la mitad de las y los yucatecos sufran carencias que les impidan desarrollarse plenamente. En un país con tanta pobreza como el nuestro, no podemos conformarnos con estar en el promedio.

En años recientes la pobreza y la pobreza extrema en Yucatán se han reducido parcialmente. Mientras el número de personas en pobreza disminuyó 6.4 puntos porcentuales de 2010 a 2016, el número de personas en pobreza extrema disminuyó 5.6 puntos durante el mismo periodo. En términos absolutos, entre 2010 y 2016, 58 mil yucatecos dejaron de estar en pobreza y 100 mil dejaron de estar en pobreza extrema. Estas cifras nos colocan en la posición 16 en pobreza entre las 32 entidades; es decir, justo a la mitad de la tabla.

Además de los 38 programas sociales federales de protección social, entre los que destaca PROSPERA Programa de Inclusión Social, el gobierno del estado tiene una oferta de 64 programas sociales vigentes. Estos 64 programas se distribuyen de la siguiente manera: 21 son apoyos a la salud, 10 son apoyos a actividades rurales, artesanales y pesqueras, 10 son apoyos escolares, 7 son apoyos al empleo y el emprendimiento, 6 son de infraestructura, 4 son de igualdad de género, 4 son apoyos en procesos legales, uno son apoyos para emergencias y otro son apoyos al deporte. Con una cobertura tan amplia de programas federales y estatales, lo lógico sería que los avances en desarrollo social en Yucatán fueran más grandes. ¿Qué está pasando? Dos cosas.

Primero, de acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2017 elaborado por la organización social GESOC, hasta 2016 ningún programa social estatal contaba con reglas de operación; el 100% de los programas sociales siguen sin expresarse en el Presupuesto de Egresos Estatal; no se registra el uso de evidencia derivada de evaluaciones para la toma de decisiones en materia presupuestaria de programas sociales; continúa sin implementarse la creación de mecanismos que vinculen el desempeño programático con incentivos organizacionales; continúa siendo escaso el número de programas y acciones que evalúan su diseño, procesos y resultados o que cuentan con indicadores para medir su desempeño; siguen sin publicarse los padrones de beneficiarios para los programas sociales del estado; no se identifican las concurrencias y potenciales duplicidades de los programas sociales con otros instrumentos implementados por otros niveles de gobierno; y disminuyó el porcentaje de programas y acciones que se encuentran alineadas con la disminución de brechas de pobreza y acceso a derechos sociales.

En resumen, la discrecionalidad y la ineficiencia son las principales características de la política social del gobierno del estado, pese ha obtener algunos resultados tangibles en reducción de la pobreza. Esto me lleva a la segunda causa por la cual no vemos avances más significativos en la materia. Considerando que la mayoría de estos programas sociales son focalizados —es decir, se otorgan a personas específicas con base en criterios de elegibilidad presuntamente objetivos—, tanto los 38 programas federales como los 64 estatales son susceptibles a ser capturados por intermediarios y clientelas al servicio de los gobiernos y los partidos políticos. Cuando esto sucede, los programas sociales se convierten en mecanismos para condicionar y coaccionar el voto e incorporar a segmentos completos de la lista nominal a estructuras de “gobierno”, “promoción” y “activismo” al servicio de los candidatos con recursos suficientes para movilizarlas.

Querida lectora, querido lector, mientras no modifiquemos sustancialmente la política social del estado para reducir la pobreza, difícilmente podremos saltar a los primeros lugares en bienestar a nivel nacional. Y no sólo se trata de exigir mayor transparencia en el uso de los recursos destinados a estos programas, sino de exigir cuentas sobre la manera en que se reparten y usan con fines electorales. La focalización es una gran medida para eficientar el gasto, pero en contextos de transparencia y rendición de cuentas, donde la discrecionalidad de quienes operan los programas sea mínima. Que los magros avances que hemos tenido en la materia no nos distraigan de lo importante. ¡Podemos estar mejor y esto también depende de combatir mejor la pobreza!

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En menos de 280 caracteres: Pese a que la estrategia “Mejorar”, destinada a disminuir el rezago en la calidad y espacio de miles de viviendas en Yucatán, fue el programa estrella de este sexenio, según el CONEVAL, la proporción de personas con estas carencias apenas se redujo cuatro puntos entre 2012 y 2016.

Artículo publicado en el Diario de Yucatán, el 8 de mayo de 2018.